De la mano del Presidente Hugo Chávez el proceso revolucionario bolivariano alcanzó hitos bastante importantes y determinantes en el cambio democrático que se busca edificar en el país. Sin embargo, aún hay mucho trecho por transitar. Hace falta brindarle a los venezolanos la oportunidad de contar con una nueva institucionalidad, un nuevo Estado, acorde con las demandas populares y con el cambio estructural insertado en todo lo que significa la revolución bolivariana; además de lo establecido en el texto constitucional.
Mucho insiste el Presidente en este tema. Para él, “el Estado debe funcionar como un todo, (siendo) necesario que las instituciones del Estado se fortalezcan y puedan cumplir con la tarea que la Constitución les ha encomendado”. En otro momento se referirá al hecho de que “este gobierno no llegó aquí para traicionar a un pueblo, sino para comprometerse cada día más con la esperanza popular”. Por tal motivo, quienes están al frente de las distintas instancias del Estado deben comprender que, más allá de sus funciones específicas, se halla el compromiso de adelantar y consolidar la construcción de un nuevo poder al servicio de los intereses de las grandes mayorías en sustitución del que existiera por más de cuarenta años al servicio de una minoría antisocial y excluyente. No pueden, por consiguiente, pensar que basta cumplir con una buena gestión institucional sin preocuparse para nada de lo que implica el fortalecimiento y avance revolucionario, asumiendo una actitud abiertamente reformista y contrarrevolucionaria.
En función de lo anterior, cada uno de quienes integran el poder público y se dicen identificados con este proyecto bolivariano; todos, sin excepción, deben trabajar para que se logre este cometido y se abran espacios efectivos a la participación popular. Es más: deben asumir con desprendimiento, audacia y riesgos el desmantelamiento integral de todas las instituciones creadas y sostenidas por la democracia representativa y patrocinar decididamente aquellas que pudieran nacer bajo el cobijo de la democracia participativa. De ese modo, sin timidez ni acomodos, contribuirían a extirpar los tantos males que afectan todavía el desarrollo democrático de la sociedad venezolana.
El Presidente Chávez, en una clara muestra de convicción y visión revolucionarias, implementó la serie de Misiones que le permitieron a las grandes mayorías excluidas tener la oportunidad de ser tomados en cuenta como ciudadanos de una Patria verdadera. Ésa es la dirección que debieran seguir todos los gobernantes regionales y municipales, sin esperar que sean únicamente las leyes las que amolden las cosas. Si ello no ocurre, por la pesada carga ideológica del pasado adeco-copeyano que les impide convertirse en auténticos líderes revolucionarios, le tocará, entonces, al pueblo emprender, exigir y protagonizar los cambios económicos, sociales, políticos, culturales y morales que comprenden la revolución. Si ello no ocurre, por la miopía política y el interés económico que roe las entrañas de algunos de estos gobernantes y sus satélites, nada extrañará que sea el mismo pueblo quien inicie diversas formas de lucha y de organización para beneficiarse de esta realidad prometida. Si a esto añadimos el nivel de conciencia adquirido por éste en el duro batallar que le han opuesto los sectores tradicionales, podríamos anticipar una conflictividad social dirigida, no a destruir ni a desviar, sino a profundizar el proceso revolucionario.
Esta nueva etapa que le toca cubrir al proceso bolivariano en los dos años por venir demanda un compromiso más sostenido y eficaz de parte de los revolucionarios. En el camino, algunos desertarán, producto, quizás, de sus apetencias egoístas. Otros se mantendrán incólumes. Pero lo cumbre será el surgimiento de nuevos liderazgos, realmente revolucionarios y emprendedores. Para prefigurarlo, hace falta entender que la unidad de los distintos factores de la revolución bolivariana tiene que trascender el limitado y predecible marco electoral. Hay que alimentar al pueblo ideológicamente, sin esto, será muy dificultosa la consolidación de este proceso porque sin teoría revolucionaria –como se ha repetido indefinidamente- no habrá revolución posible.-
*Miembro de la Dirección Ejecutiva Estadal del Movimiento por la Democracia Directa (MDD) en el Estado Portuguesa.
Referencias
http://www.aporrea.org/actualidad/a11229.html
Políticos de oficio e intelectuales, de distintas tendencias ideológicas, han realizado valiosos aportes para la interpretación del Estado “moderno” en Venezuela, su conformación, desarrollo, funcionamiento, crisis y transformaciones. Particularmente podemos encontrar una abundante referencia al Estado y sus especificidades a partir de la instauración de la democracia representativa liberal burguesa, como forma de organización del poder en el sistema político venezolano, luego del derrocamiento de la dictadura perezjimenista, la serie de pactos establecidos entre los partidos políticos tradicionales (AD, COPEI, URD), la Iglesia Católica, Fedecámaras, la CTV y las Fuerzas Armadas, lo cual adquirió una estructura político-jurídica con la promulgación de la Constitución de 1961 y la relación de dependencia-subordinación con los Estados Unidos de Norteamérica.
Se estructura un cuadro administrativo burocrático, cuyos integrantes proceden en su mayoría de los dos partidos (AD y COPEI) que tienen el control de los mecanismos normativos y utilitarios a lo interno de los poderes públicos, y que a su vez administran el Estado en función de los intereses de las élites políticas y económicas gobernantes. No puede comprenderse el papel del Estado venezolano sin desentrañar el binomio Estado-partido, las concepciones, prácticas y estilos que se asientan en el sistema político, generadoras simultáneamente de una cultura política autoritaria con fuerte presencia en nuestra sociedad.
El Estado no sólo es el garante del orden político, sino también el productor, administrador y distribuidor de la renta petrolera. Conquistar el poder político constituyó, bajo este modelo, hacerse del control de un botín que era repartido entre las elites participantes de las relaciones corporativas que se estructuraron a lo interno y externo del Estado. La hegemonía de la representación política durante cuatro décadas, derivó en una cultura que se distingue por los siguientes aspectos: 1) monopolio de la intermediación de los partidos en la relación Estado-sociedad; 2) desmovilización, atomización y despolitización de la ciudadanía; 3) despojo de la ciudadanía de su responsabilidad pública-política con la sociedad; 4) ausencia de canales efectivos de participación y en el mejor de los casos el tutelaje sobre ésta; 5) el desconocimiento y la descalificación de los saberes populares; 6) el ejercicio de la coerción sobre las formas de organización social y políticas distintas a las reconocidas por el sistema político como “legítimas”, “fuerzas vivas” o “sociedad civil”; y 7) el estilo político sectario y excluyente, que privilegió los intereses mezquinos de una minoría que usufructuó el poder.
Si bien esta cultura política arropó de distintas maneras a la sociedad venezolana, cierto es que el principal centro reproductor de estas prácticas se encuentra en las instituciones del Estado. Los mecanismos utilitarios se evidencian en la concepción que tienen acerca de la función pública y la repartición del botín. Acceder a los cargos públicos es la posibilidad de convertir lo público en asunto de naturaleza privada, dado el sectarismo prevaleciente. Es por ello, que el amiguismo, el compadrazgo, las relaciones clientelares, el nepotismo (colocación de familiares en cargos públicos en una misma institución), el desconocimiento de la experiencia técnica, profesional y académica, la distribución de los cargos sin la valoración adecuada de las competencias, méritos y probidad; el predominio de las decisiones pragmáticas, por encima de los reales intereses nacionales y el respeto a los derechos humanos, el efectismo, la improvisación, la negación del pensamiento crítico-reflexivo e imposición del falso consenso, la falta de continuidad en las políticas públicas y la ausencia de un compromiso real con la sociedad, constituyeron el quehacer cotidiano de un aparato al servicio de la dominación.
A seis años de la Revolución Bolivariana es insuficiente el esfuerzo realizado, por el gobierno nacional, para erradicar estas concepciones y prácticas que anidan un espíritu autoritario, el cual se distancia del modelo de sociedad plasmado en la Constitución de 1999. Más preocupante es el caso de algunas instituciones creadas por la Revolución, que están reproduciendo abiertamente tales prácticas encubriéndolas en un discurso que presenta incoherencias políticas con las disposiciones constitucionales y que son negadoras de la voluntad popular.
Para que el Estado esté al servicio de los intereses reales del pueblo, y no a merced de los intereses de grupos y corporaciones, es imprescindible impulsar la nueva institucionalidad. Esto es, la participación de las comunidades organizadas en funciones de gobierno, no sólo a través del ejercicio consciente y planificado de la contraloría social sino también mediante la participación en la toma de decisiones con relación al diseño, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y las misiones. El pueblo profesionalizado tiene un importante aporte que ofrecer al proceso de construcción de una nueva institucionalidad, que rompa progresivamente con las relaciones de dominación y permita la democratización del poder en las distintas esferas de la sociedad
En esta dirección debe apuntar la transformación del Estado, pasar de la consigna política al hecho mismo del acto de gobierno por parte del pueblo. El profesor Jesús Rivero señala acertadamente en uno de sus trabajos1 que la formación académica de directores, gerentes y técnicos que se desempeñan en la administración pública está orientada a reproducir los intereses de las élites políticas y económicas, asimismo indica que nos encontramos “frente a un evidente escenario de confrontación y de lucha ideológica”, y que por tanto la Constitución “nos llama a convertir a cada funcionario público en un soberano en el ejercicio del poder”.
En el nuevo mapa estratégico (noviembre 2004), el cuarto objetivo planteado es la creación de la nueva institucionalidad del aparato del Estado destacando entre otras directrices importantes: 1) La necesidad de aumentar la eficacia, la eficiencia, transparencia y el funcionamiento de la administración pública, mediante la eliminación del burocratismo; 2) El fortalecimiento del papel del Estado en el respeto y garantía de los derechos humanos; 3) La disminución de la burocracia y la garantía de la participación ciudadana en la gestión pública; 4) La estructuración de un marco jurídico para la construcción de la nueva institucionalidad; 5) La democratización de los CLPP; 6) La constituyente municipal; y 7) La institucionalización de las misiones.
Finalmente, si bien es cierto la tarea por delante reviste gran complejidad, pero es impostergable, y para ello se requiere del concurso de todos los venezolanos y venezolanas.
Se estructura un cuadro administrativo burocrático, cuyos integrantes proceden en su mayoría de los dos partidos (AD y COPEI) que tienen el control de los mecanismos normativos y utilitarios a lo interno de los poderes públicos, y que a su vez administran el Estado en función de los intereses de las élites políticas y económicas gobernantes. No puede comprenderse el papel del Estado venezolano sin desentrañar el binomio Estado-partido, las concepciones, prácticas y estilos que se asientan en el sistema político, generadoras simultáneamente de una cultura política autoritaria con fuerte presencia en nuestra sociedad.
El Estado no sólo es el garante del orden político, sino también el productor, administrador y distribuidor de la renta petrolera. Conquistar el poder político constituyó, bajo este modelo, hacerse del control de un botín que era repartido entre las elites participantes de las relaciones corporativas que se estructuraron a lo interno y externo del Estado. La hegemonía de la representación política durante cuatro décadas, derivó en una cultura que se distingue por los siguientes aspectos: 1) monopolio de la intermediación de los partidos en la relación Estado-sociedad; 2) desmovilización, atomización y despolitización de la ciudadanía; 3) despojo de la ciudadanía de su responsabilidad pública-política con la sociedad; 4) ausencia de canales efectivos de participación y en el mejor de los casos el tutelaje sobre ésta; 5) el desconocimiento y la descalificación de los saberes populares; 6) el ejercicio de la coerción sobre las formas de organización social y políticas distintas a las reconocidas por el sistema político como “legítimas”, “fuerzas vivas” o “sociedad civil”; y 7) el estilo político sectario y excluyente, que privilegió los intereses mezquinos de una minoría que usufructuó el poder.
Si bien esta cultura política arropó de distintas maneras a la sociedad venezolana, cierto es que el principal centro reproductor de estas prácticas se encuentra en las instituciones del Estado. Los mecanismos utilitarios se evidencian en la concepción que tienen acerca de la función pública y la repartición del botín. Acceder a los cargos públicos es la posibilidad de convertir lo público en asunto de naturaleza privada, dado el sectarismo prevaleciente. Es por ello, que el amiguismo, el compadrazgo, las relaciones clientelares, el nepotismo (colocación de familiares en cargos públicos en una misma institución), el desconocimiento de la experiencia técnica, profesional y académica, la distribución de los cargos sin la valoración adecuada de las competencias, méritos y probidad; el predominio de las decisiones pragmáticas, por encima de los reales intereses nacionales y el respeto a los derechos humanos, el efectismo, la improvisación, la negación del pensamiento crítico-reflexivo e imposición del falso consenso, la falta de continuidad en las políticas públicas y la ausencia de un compromiso real con la sociedad, constituyeron el quehacer cotidiano de un aparato al servicio de la dominación.
A seis años de la Revolución Bolivariana es insuficiente el esfuerzo realizado, por el gobierno nacional, para erradicar estas concepciones y prácticas que anidan un espíritu autoritario, el cual se distancia del modelo de sociedad plasmado en la Constitución de 1999. Más preocupante es el caso de algunas instituciones creadas por la Revolución, que están reproduciendo abiertamente tales prácticas encubriéndolas en un discurso que presenta incoherencias políticas con las disposiciones constitucionales y que son negadoras de la voluntad popular.
Para que el Estado esté al servicio de los intereses reales del pueblo, y no a merced de los intereses de grupos y corporaciones, es imprescindible impulsar la nueva institucionalidad. Esto es, la participación de las comunidades organizadas en funciones de gobierno, no sólo a través del ejercicio consciente y planificado de la contraloría social sino también mediante la participación en la toma de decisiones con relación al diseño, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y las misiones. El pueblo profesionalizado tiene un importante aporte que ofrecer al proceso de construcción de una nueva institucionalidad, que rompa progresivamente con las relaciones de dominación y permita la democratización del poder en las distintas esferas de la sociedad
En esta dirección debe apuntar la transformación del Estado, pasar de la consigna política al hecho mismo del acto de gobierno por parte del pueblo. El profesor Jesús Rivero señala acertadamente en uno de sus trabajos1 que la formación académica de directores, gerentes y técnicos que se desempeñan en la administración pública está orientada a reproducir los intereses de las élites políticas y económicas, asimismo indica que nos encontramos “frente a un evidente escenario de confrontación y de lucha ideológica”, y que por tanto la Constitución “nos llama a convertir a cada funcionario público en un soberano en el ejercicio del poder”.
En el nuevo mapa estratégico (noviembre 2004), el cuarto objetivo planteado es la creación de la nueva institucionalidad del aparato del Estado destacando entre otras directrices importantes: 1) La necesidad de aumentar la eficacia, la eficiencia, transparencia y el funcionamiento de la administración pública, mediante la eliminación del burocratismo; 2) El fortalecimiento del papel del Estado en el respeto y garantía de los derechos humanos; 3) La disminución de la burocracia y la garantía de la participación ciudadana en la gestión pública; 4) La estructuración de un marco jurídico para la construcción de la nueva institucionalidad; 5) La democratización de los CLPP; 6) La constituyente municipal; y 7) La institucionalización de las misiones.
Finalmente, si bien es cierto la tarea por delante reviste gran complejidad, pero es impostergable, y para ello se requiere del concurso de todos los venezolanos y venezolanas.
REFERENCIA
http://www.aporrea.org/educacion/a13528.html
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